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Revocatoria nula en Puno

Parece que hay intereses ocultos tras el proceso de revocatoria instituido en la provincia de Puno, teniendo en cuenta que el promotor (también compró el kit) tiene ciudadanía moqueguana, por lo tanto existe un vicio que conforme a los procedimientos legales devendría en nulo de puro derecho. Este hecho denotaría que no solamente se pudo haber socavado la autoridad del burgomaestre puneño con elementos distractores punibles, sino también existiría otros intereses que van más allá de la lógica y solo huelgan conjeturas. El proceso de revocatoria tiene y debe ser iniciativa de una persona que eligió a la autoridad, entendiendo que participó con su voto en el proceso electoral en la jurisdicción donde reclama la revocatoria, caso contrario no está conforme a ley y por lo tanto parece que el promotor de la revocatoria del alcalde puneño es moqueguano.

La Carta Magna reconoce la revocatoria como participación ciudadana (Art. 2, Inciso 17; Art. 31 y Art. 35) se entiende que los sistemas de revocatoria solamente se circunscriben en los ámbitos donde esos ciudadanos participaron como electores, por lo que en este caso en particular existe una abierta contradicción, porque el promotor de la revocatoria participó como elector en otro distrito electoral y en esta localidad transgredió la norma, por lo que podría ser denunciado penalmente si es que los interesados así lo precisan. Los procesos revocatorios sirven como semáforo para las autoridades y siempre es un aventón a favor o en contra, pero no podemos paralizar el desarrollo de una sociedad cuando algunas mafias quieren sembrar el caos y la ingobernabilidad. El proceso revocatorio tiene sus orígenes en el derecho anglosajón para equilibrar entre el poder de la autoridad electa y los ciudadanos “electores”, por lo que si el principal promotor de la revocatoria no eligió a la autoridad que pretende revocar, entonces la nulidad cae de madura.

Por el momento los “revocadores” el alcalde puneño Ivan Flores y cinco de sus regidores continúa viento en popa y aseguran que ya cuentan con la cantidad de firmas necesarias para que la consulta popular sea viable, aunque no sopesan el impedimento legal al que se vieron sometidos por “impericia”; por lo pronto, seguro que los letrados de ambas partes tratarán de hacer valer sus argumentos en el ente electoral pertinente. Esto no quiere decir que la autoridad continúe sin presentar proyectos de inversión de gran envergadura para la ciudad capital regional, todo lo contrario, es un reto para que algunos de los aspectos negativos sean corregidos en beneficio de la ciudadanía puneña y puneñista.




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